CSIF se confunde y nos confunde al pronunciarse (tildando de ilegal) el acuerdo de jubilaciones forzosas que firmaron los mayoritarios del CGE.

Nos guste o no, quienes lo pactaron dieron al acuerdo certificado de legalidad, al estar vinculado a un Plan de Empleo, conforme a la Disposición Adicional 10ª del Estatuto de los Trabajadores. Así lo ha ratificado la mayoría de Tribunales Superiores de Justicia, cuyas sentencias avalan unánimemente, hasta el momento, la legalidad de las jubilaciones pactadas en planes de empleo al estar vinculadas al relevo generacional, siempre que dicha jubilación garantice el 100% de la pensión. Por tanto, la Inspección de Trabajo no puede “anularlo” ni “paralizarlo”, ya que carece de competencia para impugnar acuerdos colectivos. Solo los tribunales pueden hacerlo.

Mientras, curiosamente, SEMAF escurre el bulto al decir en su reciente comunicación 54/2025 que “la representación de los trabajadores recriminó a la empresa haber procedido a su aplicación sin informar previamente a la parte social”. Cinismo en estado puro, fue su propia desconvocatoria de huelga (22-febrero- 2024) la que parió un Plan de Empleo sin contenido normativo, cheque en blanco para la empresa que, meses después, acordaba con SEMAF, CCOO y UGT las cláusulas que ahora repudian.

El Acta de la Comisión Negociadora de 25 de junio de 2024 establece baja por jubilación a los 68 años, pudiendo alcanzar “la edad ordinaria de jubilación fijada por la seguridad Social” (entre 67 y 65 años, en función de los años cotizados) cuando el empleo femenino “en alguna de las actividades económicas correspondientes al ámbito funcional del convenio sea inferior al 20%”. La pretendida igualdad da paso a la inseguridad cuando el pacto se aplica con la discrecionalidad que lo hace RENFE.

ALFERRO está por el relevo generacional y la igualdad real, cuando sirve para crear empleo estable, rejuvenecer la plantilla y avanzar hacia una empresa más diversa y equilibrada. Pero, más allá del ruido de CSIF que muy probablemente no conducirá a nada, lo verdaderamente indignante es quienes rubricaron este acuerdo, sabedores de que con sus firmas comprometieron a toda la plantilla, ahora callan o fingen extrañeza por que la empresa decide cuándo y a quién se le aplica. Mientras muchos trabajadores que desean seguir activos, como por otra parte se promueve desde el Gobierno, son privados de ese derecho sin haber sido tenidos en cuenta.

Desde ALFERRO consideramos que, las normas deben aplicarse con transparencia, criterios objetivos y sin privilegios. El relevo generacional sí, pero respetando a todos. La legalidad del acuerdo no está en duda; lo que sí lo está es la responsabilidad y coherencia de quienes lo firmaron sin sopesar sus consecuencias. El verdadero problema es la torpeza en la negociación sindical, que nos conduce a estos estrelladeros una y otra vez, sin que ellos sean conscientes ni reconozcan su error.