ALFERRO ha desmontado el fraude de ley que pretendía ejecutarse contra las personas trabajadoras en situación de permiso por maternidad y paternidad. La inicial cláusula 10ª (posteriormente 13ª) del Anexo I del Acta de 24 de mayo de 2023 —texto original del III Convenio— pretendía excluir las semanas de permiso parental del cómputo para la regularización de la PV. Una maniobra con la que la Empresa nuevamente volvió a llevarse al huerto a SEMAF, CCOO y UGT, que con su firma avalaron esa ilegalidad… hasta que la Dirección General de Trabajo, a instancias de ALFERRO, les frenó en seco.
Lejos de corregir su actuación, la Empresa se limitó a maquillar el texto, pero no alteró su intención, y siguió aplicando de facto aquello que ya había sido advertido como ilegal. RENFE ha vulnerado desde entonces derechos fundamentales al detraer los días de permiso de maternidad, paternidad y cuidados de menor de la liquidación de la Prima Variable.
Ante la insistencia (más bien reincidencia) de RENFE en saltarse la ley, ALFERRO presentó conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional. La Sentencia 148/2025 declara que todos los permisos vinculados al nacimiento, cuidado y protección del menor deben computarse como días efectivos en el cómputo de la Prima Variable: maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, IT vinculada al embarazo, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento familiar y el nuevo permiso parental de 8 semanas. RENFE deberá recalcular, regularizar y abonar todas las cantidades retraídas, con los intereses correspondientes. Aunque echamos en falta una sanción ejemplar por la malintencionada conducta, que vulnera derechos a sabiendas.
ALFERRO está forzando a que RENFE se vea obligada a respetar TODOS los derechos de la plantilla, gusten o no a quienes nos gestionan y pretenden arrebatarlos. Somos plenamente conscientes -y lo celebramos que nuestro proceder supone el fin a la perversa dinámica de negociación colectiva instaurada en RENFE: “quien se mueve, no sale en la foto”. Buena prueba de ello son las cláusulas excluyentes (16ª, 17ª, 23ª y 25ª), diseñadas con la clara intención de fomentar el enfrentamiento entre organizaciones y dejar fuera de las mesas a quienes no tragamos con todo.